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Parte I _Anatomía de una investigación_
La investigación que condujo a las detenciones del 16 de junio tiene su origen en una indagación iniciada al menos desde septiembre de 2024 sobre la fuga del compañero anarquista Salvatore Vespertino (conocido como Ghespe). Ghespe había desaparecido sin dejar rastro desde enero de 2023, y seis meses después se le declaró oficialmente en paradero desconocido, tras la sentencia definitiva de 8 años de prisión. Con toda probabilidad, se inició una investigación de amplio alcance sobre las personas y los círculos cercanos a él con el fin de localizarlo.
A partir de los expedientes disponibles hasta ahora de la investigación romana, sabemos que esta línea de investigación, que planteaba los delitos de encubrimiento y posteriormente también de incumplimiento de la pena (agravados por los artículos 270bis y 270sexies del Código Penal) [1], se centra inicialmente en las presuntas fuentes de sustento económico y en el hipotético escondite del fugitivo, recurriendo, en varias ocasiones, a fuentes de “inteligencia”.
Para buscar su escondite, investigan a una compañera rastreando sus desplazamientos mediante la señal de las celdas de telefonía celular, y detectan como “anómalos” sus pasos por el área de Sambuci/Vicovaro, zona en la que se encuentra una casa de campo que hasta hace diez años había sido ocupada y habitada por anarquistas bajo el nombre de Improbabile Squat. Tras realizar una inspección en el lugar e interrogar al propietario, la Digos concluye que el lugar sí está abandonado, pero presenta rastros de uso reciente y es potencialmente habitable, por lo que logra que se instalen cámaras ocultas que enfocan la entrada de la casa de campo y un posible estacionamiento en las cercanías.
A partir de las grabaciones de videovigilancia, los investigadores observan que, de manera esporádica, alguien visita la casa de campo, aunque no sea el sospechoso; pero eso basta para obtener prórrogas continuas y, tras haber detectado el paso de una anarquista, también la instalación de micrófonos ambientales en su interior. El 15 de febrero de 2025, la fuga de Ghespe lamentablemente termina con su detención en España, pero los investigadores no se dan por vencidos y logran obtener prórrogas continuas de los dispositivos de vigilancia de la casa de campo con el objetivo de descubrir, gracias a ellos, la red de apoyo de la que se ha beneficiado el compañero fugitivo durante dos años. De esta manera, en mayo de 2025, ven y escuchan a un compañero dentro de la casa de campo hablar de «realizar trabajos de mantenimiento para organizar un evento», por lo que se instala un sistema de videovigilancia en el lugar.
En julio de 2025 se intercepta, por lo tanto, un largo intercambio entre compañerxs de diferentes ciudades durante dos días en la casa de campo: 15 horas de conversaciones escuchadas y transcritas en las que se abordan temas generales como el estado del movimiento anarquista actual, la comunicación con la sociedad, el sentido de las reivindicaciones de las acciones, las movilizaciones por Palestina y la relación con los compañeros más jóvenes, la afinidad y la reproducibilidad, la incisividad de la acción anarquista, y si se debe o no relanzar una movilización ante la renovación del 41bis de Alfredo Cóspito. La Fiscalía cree haberlos atrapado a todos, se olvida de la fuga de Ghespe y abre una investigación por el artículo 270bis en contra de los nueve compañeros identificados como participantes en la reunión, activando al mismo tiempo sistemas de rastreo y escucha en su contra.
Por lo que se desprende hasta ahora de los documentos, las técnicas de vigilancia tecnológica que utilizó la Digos no presentan novedades particulares, ya que consisten en interceptaciones “estándar” de llamadas y mensajes de texto, la obtención de registros telefónicos y tráfico telemático (es decir, datos de red) de los meses anteriores, la geolocalización de los teléfonos (posicionamiento), GPS en los autos, y cámaras que graban la entrada de la casa de algunos investigados y del edificio Bencivenga ocupado.
En cambio, tenemos noticia de un solo caso en el que se activó una interceptación denominada «telemática activa» en el teléfono de un investigado, lo que permitió obtener capturas de pantalla mientras consultaba páginas web o utilizaba chats como Signal, y activarlo a voluntad como micrófono ambiental; sin embargo, aún no sabemos de qué forma se infectó el dispositivo.
Sin embargo, este aparato de control no produce gran cosa, salvo imaginativas reconstrucciones de una supuesta “visita de inspección” a un McDonald’s realizada por algunos investigados e intentos fallidos de descubrir supuestos encuentros posteriores, hasta que una ola de sabotajes paraliza el transporte ferroviario italiano con motivo de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina en la primera quincena de febrero de 2026. Estos hechos se interpretan como la materialización operativa del «grupo de afinidad» interceptado en la casa de campo. La Fiscalía de Roma abre un expediente por atentado contra instalaciones de utilidad pública e interrupción del servicio público, agravados por los artículos 270bis y sexies, delimitando el ámbito de la investigación de los responsables en torno a dos de los participantes en la reunión (como presuntos ejecutores materiales) y al edificio Bencivenga ocupado.
A principios de marzo, el expediente sobre los sabotajes se incorpora a la investigación original de 2024, descartando la hipótesis de encubrimiento para formular un cargo por el artículo 270bis contra nueve participantes en la reunión en la casa de campo. Sin embargo, la revisión de numerosas cámaras de seguridad de comercios y oficinas en la zona entre el Bencivenga y uno de los puntos saboteados no arroja resultados; lo mismo ocurre con las imágenes de la entrada de la casa ocupada, que no revelan nada probatorio, salvo el habitual ir y venir de compañerxs. El grupo de personas investigadas por esos hechos se amplía por lo tanto para incluir a quienes fueron grabados al entrar o salir del Bencivenga en los días previos y posteriores a la noche del 13 al 14 de febrero, lo que eleva a un total de nueve personas investigadas por el sabotaje en la zona de Settebagni [tramo de alta velocidad Roma-Florencia], a las que se suman otras dos por el de la zona de Corcolle [tramo de alta velocidad Roma-Nápoles]. Tras las inspecciones de la policía científica a lo largo de las vías, también se habían recogido numerosos indicios, de diversa índole y de procedencia dudosa (incluso para ellos mismos), que se conservarán para investigaciones posteriores.
Así toma forma el argumento de la acusación: la llamada «reunión de Vicovaro» habría servido para constituir una asociación subversiva (denominada «grupo de afinidad») con un programa preciso de acción, comunicación y reclutamiento de nuevos miembros; grupo cuya base logística y organizativa habría sido el Bencivenga y del cual los sabotajes olímpicos habrían sido una expresión práctica. La casa ocupada se declara centro operativo tanto por su connotación histórica anarquista, como por el hecho de que algunas de las personas investigadas residían y/o dormían allí la noche del hecho, y también por su cercanía geográfica a uno de los puntos ferroviarios afectados. Además, plantean rutas y vías de escape secundarias para suplir la dramática falta de pruebas efectivas, y lo complementan con conexiones entre el contenido del texto de reivindicación y los discursos captados durante la reunión, en particular la referencia genérica a la movilización contra el genocidio en Palestina y la igualmente genérica referencia a los sabotajes y las acciones directas como instrumentos de lucha.
El mes de marzo quedará marcado por un suceso trágico: fallecen los compañeros Sara y Sandro a causa de la explosión accidental de un artefacto en una casa de campo abandonada en un parque romano. Las escuchas continúan captando las reacciones de los anarquistas ante este suceso, con la intervención de un micrófono oculto incluso en el interior del NED, sede de una asamblea celebrada al día siguiente. La solidaridad se muestra unida, el movimiento anarquista reivindica públicamente a los compañeros caídos en acción y, una semana después, se prohíbe un acto de duelo colectivo en la capital, en el que se pone a prueba el nuevo dispositivo de detención preventiva para decenas de compañeros y compañeras procedentes de toda la península.
Parte II
Al amanecer del 16 de junio, la sección antiterrorista de la Digos se presenta en las puertas de una veintena de compañerxs investigadxs por diversos motivos y en diferentes ciudades. La orden de prisión preventiva solo afecta a las nueve personas de la «reunión de Vicovaro», todas ellas investigadas por el artículo 270 bis, dos de las cuales también están acusadas de sabotaje en Settebagni y de incitación a la delincuencia (en virtud del artículo 270 sexies) por la publicación de la reivindicación correspondiente. Para cinco de ellas se prevé la prisión, para dos el arresto domiciliario con pulsera electrónica, mientras que las dos restantes están investigadas en libertad. Los registros, repartidos por toda la península, afectan, por tanto, también a los domicilios de otras 11 personas investigadas, además de a otras viviendas y locales considerados lugares en los que —según afirman los investigadores— podrían encontrarse potencialmente las personas objeto de medidas cautelares.
Tras horas de resistencia activa, la unidad antiterrorista logró finalmente entrar también en el espacio ocupado de Bencivenga, para registrarlo y detener a dos compañeros y compañeras que se encontraban en su interior. El registro se prolongó durante más de 6 horas, durante las cuales se inspeccionaron todas las estancias y se incautó diverso material, tanto en papel —como libros y manuscritos (agendas, cuadernos…), material de uso cotidiano, como guantes, recargas para mecheros, teléfonos, ordenadores, cables, herramientas de trabajo y productos químicos como cloro de piscina y Diavolina. El esquema es conocido: relacionar material de uso común con la supuesta fabricación de artefactos explosivos o incendiarios, hipótesis que encaja perfectamente con la narrativa inquisitiva, sobre todo en lo relativo a una supuesta célula anarquista, lista para actuar con acciones explosivas. Además, a Bencivenga se le incautaron dos manuales fotocopiados de «A cada uno lo suyo. Mil formas de sabotear este mundo». Manual sobre el que la Fiscalía construirá su fantasiosa narrativa acerca del grupo de afinidad, señalándolo como texto de inspiración y formación del grupo. Al mismo tiempo, fuera de la casa okupa se reunieron varias decenas de compañerxs para mostrar su solidaridad con las personas registradas y detenidas, lo que, según la policía, motivó y aceleró el desalojo del espacio. No se sabe si esto es cierto o no, ya que, en un principio, el desalojo no parecía estar previsto.
Volviendo a los registros realizados en los domicilios particulares de otras compañeras y compañeros, durante los cuales se incautaron materiales similares a los enumerados anteriormente; en los domicilios de dos compañeros se hallan unos folletos que conducirán a su detención en flagrante delito y a su posterior ingreso en prisión en virtud del artículo 270quinquies-ter, traducido técnicamente como «posesión de material con fines terroristas», más conocido genéricamente como «terrorismo de la palabra». Los compañeros son recluidos primero en las cárceles de Regina Coeli (Roma), de Vallette (Turín) y de Forlì, para ser posteriormente trasladados a diferentes secciones de AS2, mientras que la compañera es trasladada directamente a la sección de AS2 de la cárcel de Rebibbia, en Roma.
Aproximadamente tres semanas después de las detenciones se fijan tres vistas diferentes de revisión: una para la investigada por asociación subversiva, otra para el compañero detenido en Roma por el artículo 270 quinquies-ter, que se debatirán en días distintos ante el Tribunal de Revisión de Roma, y otra más para el compañero detenido en Forlì, de cuya causa se hace cargo el Tribunal de Revisión de Bolonia. Los resultados de la revisión en Roma son ambos positivos y ordenan la puesta en libertad de todos los compañeros sin medidas cautelares. En cuanto a la asociación subversiva, los fundamentos de los jueces parecen seguir las tesis de la defensa, subrayando la falta de indicios de gravedad necesarios para la aplicación del delito de terrorismo.
Los fundamentos de la revisión del delito previsto en el artículo 270quinquies-ter se centran, por el contrario, en el hecho de que el delito parece tener características eminentemente preventivas y que está estrechamente vinculado al artículo 270sexies, utilizado para definir las conductas de la hipotética asociación terrorista. Sin embargo, las conductas analizadas por la Fiscalía, según los jueces, no presentarían esa gravedad evidente necesaria para calificarlas de terroristas, lo que coincide con las valoraciones de la revisión que motivan la puesta en libertad de los cinco.
El Tribunal de Revisión de Bolonia, unas semanas después, al pronunciarse sobre el mismo cargo, llegará, en cambio, a una conclusión diferente, confirmando la prisión para el compañero ya recluido en la sección AS2 de Terni. Creemos que el resultado diferente de las dos revisiones puede tener diversas razones e hipótesis. Una de ellas tiene que ver con la diferencia en el tribunal que dictó la sentencia: de hecho, se observa una especie de continuidad entre los fundamentos del tribunal romano, que probablemente no habría podido incurrir en una contradicción interna tan fuerte como la que, en cambio, ha cometido el tribunal de Bolonia.
Una segunda hipótesis se refiere a la discrecionalidad con la que se puede interpretar la redacción del delito previsto en el artículo 270 quinquies-ter, dada su reciente introducción en el Código Penal y la falta de material jurídico al que recurrir. El tribunal de apelación de Bolonia justifica el uso de este tipo de acusación, aunque admite su carácter extremadamente preventivo por «razones de Estado», es decir, argumentando que, si el Gobierno ha considerado necesario introducir este nuevo delito, entonces corresponde a los órganos judiciales aplicarlo. El compañero ha recuperado ahora la libertad tras casi tres meses de encarcelamiento, a raíz de una solicitud de revocación de las medidas cautelares presentada a principios de septiembre.
Por el momento, por lo que a nosotros respecta, las investigaciones siguen abiertas y algunos de nosotros estamos a la espera de la vista ante el Tribunal de Casación que se celebrará el 5 de noviembre. El recurso, presentado por la Fiscalía, no hace más que repetir las hipótesis de la orden de medidas cautelares, al considerar ilógicas las motivaciones de la revisión y reitera la peligrosidad de los investigados por el material incautado, por su pertenencia ideológica y por la conducta personal de los compañeros a la hora de eludir el control policial.
El objetivo de la Fiscalía es centrar el delito del artículo 270 bis en el concepto de grupo de afinidad, uno de los métodos organizativos de los anarquistas informales, valorando la intención y la peligrosidad presunta como requisito para la aplicación de los delitos relativos a la asociación terrorista con fines subversivos. Otra fase que nos espera es la de la vista probatoria solicitada a raíz de la petición de peritajes técnicos irrepetibles, durante la cual se intentará extraer ADN y huellas dactilares de los objetos incautados en los lugares de los sabotajes.
Parte III _ Algunas reflexiones al margen _
Al intentar comprender esta nueva operación antianarquista, nos interesa, ante todo, destacar su carácter preventivo, que no solo pretende golpear a los compañeros y compañeras que han sido detenidos y a aquellos y aquellas que siguen siendo investigados, sino, sobre todo, golpear a todo el movimiento anarquista, sus ideas y sus prácticas. Al igual que tantas otras investigaciones, también esta se basa, de hecho, en la práctica ya consolidada de control generalizado y preventivo de los ámbitos anarquistas, que consiste en escuchas telefónicas, instalación de cámaras, GPS y micrófonos ambientales, y cuyo objetivo principal es infundir una sensación generalizada de control y, en consecuencia, provocar la inacción. Una actividad de vigilancia que se mantuvo activa durante mucho tiempo a pesar de no haber aportado resultados respecto al objetivo inicialmente propuesto, es decir, la búsqueda del compañero fugitivo Ghespe. De ahí una primera observación: el gran esfuerzo realizado por el Estado en los últimos años para localizar a los compañeros que se han dado por desaparecidos (además del caso mencionado de Ghespe, cabe recordar los casos de Luca Dolce, conocido como «Stecco», y Juan Sorroche, por ejemplo, para los que se crearon grupos de trabajo ad hoc y se llevaron a cabo actividades de búsqueda inusuales en los círculos anarquistas) y las supuestas redes que han hecho posible su «fuga».
Evidentemente, desaparecer del radar no es admisible en la sociedad del control que, a estas alturas, se ha construido a nuestro alrededor, y esta posibilidad debe ser sofocada de raíz, para que no se convierta en un ejemplo reproducible y, por tanto, intolerable para el Estado. Pero el hecho principal que nos parece necesario destacar es cómo la investigación sigue cronológicamente a una serie de acontecimientos que, con toda evidencia, han preocupado a las instituciones encargadas de la represión y, con toda probabilidad, a una parte del Gobierno, hasta el punto de hacer necesaria una respuesta.
De hecho, esta operación se enmarca en un periodo bastante particular y su calendario no es casual. Las medidas cautelares se solicitaron el 17 de abril, un mes después de la muerte de Sara y Sandro; su aplicación se firmó el 10 de junio y se ejecutó el 16 de junio, pocos días antes de que se dictara la resolución sobre el recurso relativo a la renovación del régimen 41 bis de Alfredo, el 12 de junio. Además, en nuestra opinión, los investigadores, a pesar de no disponer de indicios concretos que justificaran las medidas cautelares solicitadas, han querido encontrar responsables de la serie de sabotajes ocurridos a lo largo de la línea ferroviaria con motivo de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, probablemente bajo la presión de ministros molestos por la mala imagen internacional causada por la ralentización de la movilidad durante los días de los Juegos. Como ya se ha dicho, los motivos para atribuir la autoría del sabotaje a un compañero y una compañera son, de hecho, bastante débiles, y se basan únicamente en hipótesis carentes de cualquier prueba material, lo que sugiere más bien el intento de conseguir un resultado (sobre todo mediático) que la convicción de poder imponer condenas severas.
La investigación afecta a anarquistas residentes en diversas ciudades italianas y se centra en Roma, por la sencilla razón de que la fiscalía competente para los sabotajes de Settebagni y Corcolle es la de la capital, pero no solo por eso.
Identificamos este papel central en el ámbito territorial en la función de la DNAA y en la necesidad del Estado de dar una respuesta de advertencia al contexto anarquista de la capital, que, en nuestra opinión, se refiere inevitablemente a la muerte de los compañeros Sara y Sandro, a la lucha contra el 41 bis emprendida en la ciudad y a la larga serie de acciones y sabotajes ocurridos en los últimos años. Un continuo alarmismo sobre la peligrosidad terrorista anarquista vincula estos acontecimientos: si, por un lado, pretendía crear las condiciones para frenar una posible reapertura del debate sobre el 41 bis (y la posibilidad de cuestionar la confirmación de ese régimen infame para Alfredo), por otro lado, ha servido al Gobierno en el poder para colgarse medallas al mérito y presentarse ante el sector más reaccionario de la sociedad como promotor del orden, la seguridad y, sobre todo, de la mano dura contra «quienes creen que pueden amenazar la seguridad de la nación». Prueba de ello es el hecho de que, durante algunos registros, se buscaron y se incautaron específicamente «compuestos químicos útiles para fabricar artefactos explosivos», como cloro para piscinas, acelerantes para barbacoas y compuestos que contienen nitratos, con el fin de vincular a x compañeros detenidos con la muerte de Sara y Sandro; que algunos medios de comunicación hayan hablado deliberadamente de «bombas a lo largo de las vías» (en lugar de simples incendios de cables); y que la fiscal encargada del caso haya citado, sacándolos de contexto, «manuales con información útil para provocar descarrilamientos», todo ello con el claro objetivo de crear alarma y sugerir la existencia de una «amenaza anarquista» y de hacer creer que la acción anarquista es indiscriminada.
Creemos que el carácter preventivo de la operación también está relacionado con el papel que desempeñó la movilización en solidaridad con el pueblo palestino que sacudió Italia el invierno pasado. De hecho, hacía años que no veíamos manifestaciones tan concurridas recorrer las ciudades de la península, pero, sobre todo, parecía imposible que estas pudieran desembocar en situaciones difícilmente controlables por parte de las fuerzas del orden, la política institucional y las organizaciones de movimiento estructuradas. La participación de los anarquistas en diversas manifestaciones no ha pasado, desde luego, desapercibida para los guardianes del orden democrático.
No porque hayamos sido realmente capaces de influir de manera significativa en esta lucha, sino por el hecho —que a menudo olvidamos incluso nosotros mismos— de que, cuando los métodos anarquistas de autoorganización sin mediación y de acción directa salen de nuestros pequeños nichos, se difunden y son acogidos por otras realidades sociales, pueden constituir un motivo de preocupación para el poder, por las posibilidades de ingobernabilidad y espontaneidad que se abren en las luchas.
Otro aspecto sobre el que reflexionar es, sin duda, la aplicación del artículo 270 quinquies-ter, introducido por este Gobierno con el último decreto de seguridad, delito que castiga la mera «posesión de material con fines terroristas» sin que sea necesario demostrar la intención de actuar en ese sentido. En la casa de un compañero se encontró el folleto anarquista «A cada uno lo suyo. Mil formas de sabotear este mundo», mientras que en una habitación utilizada por otro se encontraron tres fanzines: «Taglio e Cucito», «L’indicatore anarchico» y «Trainstopping» (un folleto en francés que narra la lucha y los sabotajes llevados a cabo contra el paso del Castor, tren utilizado para el transporte de residuos nucleares de Francia a Alemania).
Las características de este nuevo tipo de delito encajan plenamente en lo que se ha denominado «derecho penal del enemigo», ya que resulta bastante evidente que son las características del sujeto a quien se le encuentra un determinado folleto o vídeo las que determinan la finalidad terrorista, en un desplazamiento de la prevención de las intenciones (ya de por sí difíciles de demostrar) hacia la identidad política y/o social de un individuo. La vaguedad interpretativa del artículo 270quinquies-ter añade una nueva herramienta al arsenal ya a disposición de las autoridades y abre nuevos y preocupantes escenarios. De hecho, si la mera posesión de vídeos (virales en Internet) que mostraban las actividades de la resistencia armada palestina bastó para condenar al palestino Ahmed Salem a más de cuatro años de prisión, entonces podemos imaginar las consecuencias que un uso generalizado y masivo de este artículo podría tener sobre la prensa y, en general, sobre la información anarquista. Es emblemático el reciente caso del encarcelamiento de Giovanni Lago, detenido el 3 de octubre no solo por lesiones graves a un funcionario público (se le imputa haber lanzado una botella que hirió en la cara a un subdirector de la Digos durante la manifestación del 18 de abril en Roma en apoyo a Alfredo Cospito y contra el 41 bis), también por el delito previsto en el artículo 270 quinquies-ter, a raíz del hallazgo en sus dispositivos electrónicos de material presuntamente que contenía instrucciones para cometer actos de sabotaje y fabricar artefactos explosivos.
Aquí se vislumbra una línea de continuidad entre la introducción del artículo 270 quinquies-ter, el uso cada vez más descarado de los delitos de incitación, las operaciones contra la prensa anarquista, el bloqueo de sitios web de contrainformación y el reciente ataque a la infraestructura web del movimiento Autistici/Inventati. Esta estrategia tiene, de hecho, como objetivo el desarrollo y el perfeccionamiento de instrumentos represivos que se emplearán para atacar determinadas identidades políticas, la expresión de ciertas ideas o el apoyo a determinadas prácticas, y abre la puerta a una mayor posibilidad de represión de la disidencia interna. Poco a poco se va convirtiendo en punible, por peligrosa, la propia idea de que ante este estado de cosas sea importante y necesario resistir y oponerse, mediante la lucha y la práctica, en todas sus diversas formas.
Para concluir
No escribimos estas líneas para lamentarnos de que los espacios que concede la democracia se estén reduciendo, ni para denunciar las derivas autoritarias del Gobierno. Que el poder se viste, de tanto en tanto, con los ropajes que más le convengan y que su carácter totalitario y opresivo esté siempre al acecho, listo para desatarse cuando sea necesario, lo hemos tenido claro desde siempre. Somos anarquistas, queremos la destrucción del Estado, del capitalismo y de cualquier orden social que se base en la opresión del ser humano sobre cualquier otra especie viviente, y no nos sorprende ser objeto de la atención de las fuerzas represivas. No reclamamos el retorno al «derecho» y al «bienestar social», para seguir siendo explotadxs por el capital y por quienes lo poseen, y disciplinadxs por las leyes y por quienes las redactan.
Reivindicamos la necesidad de difundir una crítica radical a este sistema que está llevando a los ecosistemas a la catástrofe, alterando el clima, que reproduce la pobreza y las desigualdades sociales como base para la explotación y el poder, que provoca y conduce a guerras, genocidios, limpiezas, extinciones masivas y migraciones, y que, para gestionar todo esto, alimenta el odio y el miedo con el fin de justificar la existencia del Estado, de sus tribunales, de sus fuerzas policiales y de sus leyes represivas y liberticidas.
Reivindicamos la voluntad de luchar por el derrocamiento de todo esto y la construcción de nuevas formas de organización entre las personas, basadas en la libertad del individuo, la solidaridad, el apoyo mutuo, el antiautoritarismo, la horizontalidad y la toma de decisiones por consenso, la abolición de la explotación, de toda forma de opresión y de la propiedad.
Y todo esto no se nos concederá mediante la ampliación de derechos, a través de reformas o, en términos más generales, mediante la idea de un progreso cada vez mayor en el ámbito de la democracia, sino que debemos arrebatarlo, recuperando todas aquellas esferas de la vida que el Estado nos ha robado; como anarquistas, esto nos queda hoy más claro que nunca.
Por eso nos identificamos con las reivindicaciones y la lucha en las calles en favor de Palestina, que al exigir el cese de toda relación con el Estado genocida y segregacionista de Israel se han situado en un terreno sin vuelta atrás; nos reconocemos en la lucha contra el 41bis, por la libertad de Alfredo y de los presos revolucionarios allí recluidos, porque luchar por el fin del 41bis es exigir que se cuestionen el chantaje y la tortura institucionalizada, y por tanto, el propio Estado; por eso reconocemos el sabotaje como una práctica de resistencia posible, no la única, pero perfectamente legítima en su voluntad de frenar la movilización de la sociedad hacia la guerra, la devastación de los territorios, la nocividad del trabajo asalariado, la violencia y la arrogancia del poder y de sus siervos uniformados. Y reconocemos todas aquellas prácticas y luchas de resistencia y revolucionarias que, en esta parte del mundo como en cualquier otro lugar, echan cada día arena —y no aceite— en los engranajes del sistema.
Expresamos nuestra solidaridad con Alfredo Cóspito, recluido bajo el infame régimen del 41bis; con Ghespe, Stecco, Juan y todas aquellas personas que se han sustraído a la «justicia» para recorrer los caminos de la libertad y que hoy pagan la venganza del Estado; a Ahmed Salem y a todas las personas afectadas por la represión en el marco de la solidaridad con Palestina; a todas las personas investigadas y perseguidas en operaciones antianarquistas; a todos los compañeros y compañeras afectados por la operación «Ipogeo»; a todas las personas afectadas por los diversos procedimientos represivos a raíz de la campaña por el cierre del 41bis.
A los compañeros y compañeras anarquistas griegos que se enfrentan a una nueva ola represiva; a los compañeros y compañeras y a la familia de Juan Aliste, preso revolucionario fallecido en una cárcel chilena el 11 de octubre. El Estado chileno negó hasta el último momento su puesta en libertad, a pesar de que se encontraba en condiciones muy críticas. Una confirmación de que las condenas extremadamente largas —la suya era de 42 años— son, de hecho, una sentencia de muerte.
Nuestra solidaridad con los compañeros que luchan sin reservas.
A Sandro, Sara y Kyriakos. Su perseverancia en la búsqueda de la libertad es también la nuestra.
Por la anarquía.
9 pingüinos + el gato y el zorro
[1] Respectivamente, “Asociación con fines terroristas, incluso a nivel internacional, o de subversión del orden democrático” y “Conducta con fines terroristas”.