extraído desde Indymedia Atenas
(Grecia) La lucha continúa mientras sigamos resistiendo. Palabras de la compañera Dimitra Zarafeta
En un contexto de guerra, represión y saqueo social; en un contexto en el que Occidente amenaza a pueblos enteros con el exterminio, interviene en Oriente Medio y traza fronteras sobre cuerpos sin vida en nombre de la «estabilidad»; en un contexto en el que el Estado griego participa en esta masacre apoyando los bombardeos mientras, al mismo tiempo, habla de «humanitarismo»; en un contexto en el que la doctrina de «Ley y Orden» se extiende como una asfixia, aplastando toda voz que se resiste; en un contexto en el que la sociedad se hunde en el encarecimiento de la vida, la pobreza y la indigencia, la vida cotidiana se ha transformado en una lucha por la supervivencia y la dominación se ha impuesto sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Fue en este contexto en el que tuvo lugar también nuestro propio juicio por el caso de Ampelokipoi.
Durante un mes permanecí en una sala de audiencias donde todo estaba dispuesto para aparentar normalidad, con un tribunal meticulosamente orquestado por el Estado. El juez presidente, el señor Georgouleas; las juezas de apelación, la señora Massali y la señora Karantziki; y la fiscal, la señora Pischina, todos ellos revestidos por la fachada democrática de la cortesía institucional, fingían escucharnos, fingían tener paciencia y nos daban espacio para expresarnos. Todo se presentaba como una fachada, mientras que la verdad, por supuesto, era completamente distinta. El objetivo no era esclarecer lo que realmente había sucedido, como pretende hacer su justicia burguesa, sino buscar indicios que permitieran respaldar una acusación que ya había sido formulada de antemano. Las preguntas que escuchamos desde el estrado no estaban destinadas a establecer qué había sucedido realmente. Buscaban maneras de justificar aquello que ya habían decidido que debía suceder: una condena a cualquier precio.
Una condena sin suspensión de la ejecución de la pena, porque, en lo que a mí respecta, no cumplía con las garantías de no peligrosidad que, según el juez presidente, el señor Georgouleas, debía satisfacer. Sin embargo, en 2013, cuando ejercía como juez de instrucción, había considerado que Kasidiaris y Panagiotaros sí cumplían esas mismas garantías. Y ello a pesar de que eran miembros destacados de una organización profundamente jerarquizada, cuyo estatuto era el Prinzip en su totalidad, y que contaba en su historial con asesinatos, tentativas de asesinato y numerosos ataques.
Por otra parte, nuestra condena le valió al señor Georgouleas un ascenso al Tribunal Supremo griego (Areios Pagos), apenas unos días después de que terminara nuestro juicio. Así, nuestras condenas se convirtieron en sus ascensos, mientras ellos pisoteaban literalmente nuestras vidas para progresar en sus carreras.
Esta es su justicia, reforzada a su vez por la fiscal, la señora Pischina. El alegato final de la fiscalía que escuchamos en el juicio no tenía nada que ver con la realidad del caso de Ampelokipoi. Predominaron las distorsiones de los hechos objetivos y de la realidad fáctica, las interpretaciones erróneas, las lecturas arbitrarias y las conjeturas. En lugar de reconocer la ausencia de pruebas reales, la fiscalía optó por construir las acusaciones a partir de asociaciones, montajes con una fuerte carga política y saltos lógicos. La acusación debía sostenerse a cualquier precio. Y yo también tuve que cargar con ese coste.
Aunque desde el primer momento he sostenido que no tengo nada que ver con la acusación, que nunca llegó a fundamentarse de manera sustancial, el alegato final de la fiscalía terminó centrándose predominantemente en mí, hasta atribuirme incluso un papel dirigente. Sin embargo, la fiscal no llegó a imputarme el delito de dirección de la organización porque, como ella misma afirmó, lxs anarquistas no tenemos jerarquías y funcionamos horizontalmente. Aun así, sostuvo que toda la operación se había articulado en torno a mí, tomando mis movimientos, mis tiempos y mis relaciones y convirtiéndolos en piezas de una construcción artificial.
Todo su ejercicio de objetividad se agotó en dos horas: exactamente el tiempo que necesitaron para dictar su veredicto. En esa resolución, en lo que a mí respecta, me impusieron ocho años de prisión por los delitos de participación en una organización terrorista, posesión, adquisición y fabricación de explosivos. En otras palabras, fui acusada de participar en una organización desconocida y de pertenecer a ella, una organización con nombre desconocido, estructura desconocida, duración desconocida e integrantes desconocidxs, sin que se me atribuyera ningún acto delictivo concreto.
Aquí encontramos otro aspecto revelador del caso, relativo a los restantes cargos relacionados con los explosivos: posesión, adquisición y fabricación. La única prueba en la que se apoyaron para fundamentar acusaciones tan graves fueron mis apuntes académicos. Eran apuntes que había utilizado al ayudar a mi compañera Marianna con su trabajo de fin de máster. Contenían principios básicos de ingeniería eléctrica.
Esos mismos apuntes fueron presentados en los informativos televisivos, donde aparecieron «expertos» para explicar lo evidente: no se puede tomar material educativo y presentarlo como el diseño de un circuito destinado a utilizarse en un artefacto explosivo. Y, sin embargo, el señor Georgouleas —el mismo hombre que durante doce días nos había asegurado en la sala del tribunal que no se podía atribuir a una persona un papel específico basándose en su formación académica— terminó haciendo precisamente eso.
Fundamentó exclusivamente en esos apuntes los cargos de posesión, adquisición y fabricación de explosivos, criminalizando así todo un campo del conocimiento. De este modo se produce un salto lógico automático por el cual cualquier graduado en ciencias naturales, cualquier ingeniero o cualquier persona que posea determinados conocimientos científicos y, al mismo tiempo, tenga una identidad política puede ser señalada de antemano como «sospechosa» y terminar siendo condenada como integrante de una organización terrorista.
Así, los estudios se convierten en pruebas incriminatorias. Y la identidad política pasa a funcionar como el filtro a través del cual adquieren relevancia penal hechos que, considerados aisladamente, no constituyen, en principio, delitos. Desde el comienzo quedó claro que el propósito no era examinar sustancialmente la acusación, sino reforzarla, ya que cualquier cuestionamiento de esta habría tenido un coste político.
El terrorismo debe ser aplastado y, allí donde no exista, debe fabricarse para volver a aplastarlo, manteniendo así viva la doctrina de «Ley y Orden».
Esta sentencia, sin embargo, no me afecta únicamente a mí. Pretende servir de escarmiento para cualquiera que piense en salirse de los límites de la legalidad burguesa y para cualquiera que mantenga vínculos con personas y espacios señalados como objetivos. El mensaje que querían transmitir era inequívoco: cualquiera que se niegue a obedecer, cualquiera que luche, cualquiera que se mantenga en pie y defienda su identidad política se enfrentará a acusaciones graves y penas severas.
Esta condena pretendía imponer el miedo y criminalizar las convicciones políticas, las relaciones, la solidaridad y la memoria. Así, de manera vengativa, me impusieron ocho años de prisión porque defendí mi identidad anarquista, mis relaciones y la memoria de mi compañero Kyriakos Xymitiris.
La sentencia también incluyó la absolución de mis tres coacusadxs, quienes habían sostenido desde el principio que no estaban implicados en el caso, una implicación que ni siquiera las autoridades encargadas de la persecución penal habían logrado fundamentar de manera alguna. Pese a ello, se vieron obligadxs a pasar dieciocho meses de sus vidas entre rejas, un tiempo que les fue arrebatado y que jamás podrá serles devuelto.
Esta sentencia, sin embargo, puso de manifiesto algo aún más amplio: que toda la acusación no era más que una fabricación de la Policía Antiterrorista, una construcción que ya habíamos visto derrumbarse en primera instancia.
En cuanto al resultado judicial, no puedo dejar de mencionar la actitud de mi compañera y amiga Marianna Manoura, que cargó con un peso enorme y asumió una responsabilidad inmensa. Desde el comienzo del juicio se plantó frente a ellos, defendiendo no solo su propia persona, su posición en el caso y su decisión de formar parte de la lucha y la resistencia, sino también la memoria de nuestro compañero Kyriakos Xymitiris, que defendió con firmeza desde el primer momento posterior al 31 de octubre de 2024.
A través de sus propias palabras, logró que nuestro compañero Kyriakos asumiera la responsabilidad política de sus decisiones: la decisión de luchar por todos los medios disponibles; la decisión de enfrentarse directamente a la dominación; de cuestionarla mediante la acción; de afirmar que la Historia no ha terminado y que todo continúa.
Por eso, la maquinaria judicial se vengó de ella, imponiéndole una pena de diecinueve años de prisión. A pesar de haber perdido a la persona más cercana a ella, a pesar de haber sobrevivido ella misma a una explosión y a pesar de haber permanecido encarcelada durante dieciocho meses en condiciones perjudiciales para su salud, mientras cargaba con un duelo profundo, se mantuvo erguida frente a ellos, sin el menor signo de arrepentimiento, declarando que nada había terminado. Ni para ella, ni para nuestro compañero Kyriakos Xymitiris, ni para todxs aquellxs que siguen manteniendo viva su memoria y la lucha.
Por otro lado, la reiterada afirmación del juez presidente de que «aquí no juzgamos ideas, juzgamos actos» resultó vacía de contenido, tal como ya esperábamos. Desde el principio estaba claro que este juicio no estaba destinado a examinar los actos que se nos atribuían, sino que tenía una orientación ideológica y política inequívoca.
Aunque el tribunal intentó desde el primer momento despolitizar el caso y negar su carácter político, ese intento se derrumbó muy pronto. Entramos en aquella sala como sujetos políticos, hablamos políticamente y, finalmente, fuimos condenadas políticamente.
El carácter político del juicio quedó de manifiesto en todas las sesiones: a través de nuestras propias intervenciones, de las declaraciones de los testigos e incluso de las preguntas y los comentarios formulados por el propio tribunal. En mi caso, esto quedó confirmado además por la resolución escrita que rechazó la circunstancia atenuante de la juventud, argumentando que ni la duración de mis intervenciones ni mi propia declaración ante el tribunal contenían una renuncia o condena de la lucha armada.
Nuestra principal victoria política fue haber conseguido defender la memoria revolucionaria de nuestro compañero Kyriakos Xymitiris. Y es importante que lo hiciéramos precisamente dentro de aquella sala, donde los funcionarios del Estado esperaban que nos quebráramos ante la amenaza de la pena. Esperaban que calculáramos el coste, midiéramos nuestras palabras y renunciáramos a aquello que defendemos para conseguir un trato penal más favorable.
Pero aquel silencio se rompió. Y hablamos. Alzamos la voz y defendimos a nuestro compañero, sus decisiones, su lucha, su trayectoria, su vida y su muerte. Y, al hacerlo, conseguimos que nuestro compañero Kyriakos estuviera allí con nosotrxs cada día. A nuestro lado.
Junto a nuestro compañero Kyriakos, defendimos también nuestra identidad política anarquista: el compañerismo, la solidaridad, nuestros planteamientos políticos, nuestros principios y los valores que llevamos con nosotras. Defendimos la lucha: la lucha que se libra por todos los medios que nacen de la necesidad y la dignidad. La lucha que conecta la calle con la comunidad, la confrontación con el apoyo mutuo y el rechazo de la autoridad con la autoorganización de la libertad. La lucha que se enfrenta al mundo de la dominación, por un mundo sin explotación ni opresión.
Defender todo esto en el tribunal fue algo que el poder no pudo tolerar y que tuvo que reprimir a toda costa, con uñas y dientes, mediante penas desmesuradamente severas.
El poder no puede soportar ver frente a sí a personas que sufren, tienen miedo y están de duelo, pero se niegan a arrodillarse. Es entonces cuando reparte años de prisión como si no estuviéramos hablando de vidas humanas. Como si no estuviéramos hablando de cuerpos que serán arrojados a los calabozos de la democracia, de familias, amistades y compañerxs que seguirán viviendo con la pérdida, sintiendo cómo el vacío y la rabia amenazan con asfixiarlxs.
Estas penas no son meramente punitivas; pretenden servir de escarmiento, ejercer la represión y extender el miedo entre todas las personas que puedan plantearse resistir.
Al mismo tiempo, cuando el crimen viste traje, cuando lleva firmas ministeriales, cuenta con el respaldo del Estado y sirve a intereses económicos, todo se vuelve repentinamente turbio. Entonces el caso debe examinarse con cuidado para evitar atribuir responsabilidades de manera equivocada, si es que alguna vez llegan a atribuirse.
En Tempi, hubo personas asesinadas por la indiferencia del Estado y la desintegración de las infraestructuras públicas. En el escándalo de las escuchas telefónicas se montó todo un aparato de vigilancia. En el escándalo de la OPEKEPE surgió otro caso de corrupción, de Estado clientelar y de saqueo de fondos públicos.
Sin embargo, allí la responsabilidad se pierde entre maniobras legales y encubrimientos, que funcionan como un mecanismo de blanqueamiento de los crímenes de Estado, las operaciones de vigilancia, los escándalos y los ministros implicados. Entonces, los casos se archivan de repente y sin justificación sustancial, prescriben o desaparecen en el lodazal de la normalidad institucional.
Así, la impunidad de quienes están arriba se bautiza como justicia, mientras que la resistencia de quienes cuestionan su mundo se califica de violencia.
Sin embargo, no cabe hacerse ilusiones respecto de la justicia burguesa, que constituye la otra mano de la violencia estatal. Esta rescata casos del pasado y construye expedientes penales, desencadenando una persecución masiva de detenciones, interrogatorios y prisiones preventivas, con el objetivo de señalar y perseguir a todo un entorno político, siguiendo las directrices del Estado, como ha sucedido también en los casos más recientes. El partido Nueva Democracia se ha ocupado especialmente de reforzar esta función colocando a personas afines en puestos clave de la maquinaria judicial.
Junto a este entramado judicial siempre está presente la Policía Antiterrorista, tal como lo estuvo también en nuestra propia sala de audiencias, como parte orgánica de la misma cadena represiva. Sabemos que las instrucciones se dan y las decisiones se toman a puerta cerrada. El tribunal simplemente aparece después para revestir de legalidad una narrativa que ya ha sido decidida de antemano.
El artículo 187A del Código Penal griego es la herramienta ideal para este propósito. Al apoyarse en un marco jurídico amplio, ambiguo y maleable, convierte la proximidad política y social en un delito penal. De este modo, la definición de «organización terrorista» se vuelve elástica en manos del Estado, que señala no solo a quienes han decidido responder a la violencia del poder, sino también a quienes, debido a sus convicciones políticas y a sus vínculos de amistad y compañerismo, se convierten en posibles candidatos para llenar alguna pieza que falta en el cuadro que las autoridades intentan construir.
Lo que vivimos durante aquel mes, mientras duró el juicio, fue un intento desesperado de encajar nuestras vidas en los límites de una acusación. Vimos cómo nuestras relaciones se transformaban en una «organización terrorista» y cómo nuestras posiciones políticas se convertían en prueba de decisiones que nunca habíamos tomado.
Y, sin embargo, en medio de aquella asfixia, había algo que no pudieron controlar: la solidaridad.
Hemos recibido esa solidaridad a lo largo de los últimos dieciocho meses, desde que comenzó el caso, y también mientras permanecíamos dentro de las salas de audiencias. Se manifestó mediante la presencia cotidiana de la gente y mediante miradas que nos decían que no estábamos solas. Frente a una represión cuyo propósito es aislarnos, la presencia de la gente es un soplo de aire, una grieta en el muro del miedo.
Para nosotras, esa solidaridad fue un escudo dentro de la sala, pero también una palanca que nos ayudó a levantarnos de nuevo cada vez que la carga se volvía demasiado pesada. La presencia de la gente dejó claro que ningún tribunal, ninguna condena y ninguna celda pueden romper los lazos de compañerismo. Permanecimos unas junto a otras, incluso en medio del caos de la represión.
Frente al entramado estatal-capitalista, el patriarcado, la guerra y la represión, nosotras, como anarquistas, debemos defender nuestra identidad anarquista sin concesiones. No debemos retroceder, porque cada vez que lo hacemos dejamos más espacio a la represión.
El miedo, como principal instrumento de la represión, debemos quebrarlo colectivamente. Debemos mantener viva la dignidad de la resistencia. Debemos defender los principios y los valores que llevamos con nosotrxs: la solidaridad y la memoria. A nuestrxs compañerxs. A quienes cayeron luchando por un mundo mejor.
Como nuestro compañero Kyriakos Xymitiris, que el 31 de octubre de 2024 protagonizó su propio asalto al cielo, eligiendo la vida. Una vida que amaba por encima de todo. Una vida de libertad, igualdad y solidaridad.
La lucha no termina en ninguna sala de audiencias. No termina con ninguna sentencia condenatoria.
Continúa allí donde nace la resistencia y allí donde se fortalece: en las calles, en los colectivos, en las comunidades, en los enfrentamientos y en todos los frentes sociales contra la opresión y la explotación.
La lucha continúa mientras sigamos resistiendo.
Colectivamente. En solidaridad. Hacia la liberación total.
Hasta el momento en que salga un nuevo sol y venza la oscuridad más profunda. Por esos ojos a los que nunca traicionaremos.
KYRIAKOS XYMITIRIS, SIEMPRE PRESENTE
LIBERTAD PARA TODXS LXS ENCARCELADXS
EL ESTADO Y EL CAPITAL SON LOS ÚNICOS TERRORISTAS
Dimitra Zarafeta
Prisión de Mujeres de Tebas